Ucrania ha registrado las primeras protestas masivas contra el Gobierno de Volodymyr Zelensky desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. Las manifestaciones, que se desarrollaron en ciudades como Kyiv, Lviv, Dnipro y Odesa, reflejan un creciente descontento popular ante la decisión del Ejecutivo de limitar la autonomía de las principales instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La aprobación por parte del Parlamento ucraniano de una controvertida reforma legal que transfiere el control de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) al fiscal general —una figura designada por el presidente— ha generado una reacción inmediata tanto dentro del país como en el ámbito internacional. Esta medida representa un cambio sustancial en la arquitectura institucional que Ucrania ha desarrollado desde la Revolución de la Dignidad en 2014, y que ha sido clave en el proceso de acercamiento a la Unión Europea.
Preocupaciones sobre el debilitamiento institucional
La crítica central a la reciente ley se enfoca en que afecta la autonomía operacional de las entidades que, hasta el momento, investigaban y enjuiciaban de forma independiente los casos de corrupción de alto rango. Al reunir el poder de control en el cargo del fiscal general, los detractores temen que las investigaciones sean influenciadas o incluso desestimadas por motivos políticos.
El mandatario Zelensky justificó la reforma afirmando que era una acción esencial para salvaguardar las instituciones ucranianas frente a la presunta infiltración de agencias de inteligencia extranjeras. Unos días antes de la aprobación de la ley, las autoridades realizaron un allanamiento en una de las agencias implicadas y arrestaron a dos trabajadores bajo la sospecha de cooperación con servicios de inteligencia rusos.
No obstante, estas explicaciones no han conseguido aliviar la creciente inquietud en amplias áreas de la sociedad ucraniana. Desde antiguos funcionarios del gobierno hasta soldados que pelean en el frente este, las opiniones críticas creen que esta modificación supone una traición a los valores democráticos por los que los ucranianos han batallado en los últimos diez años.
Impacto en el proceso de adhesión a la Unión Europea
Uno de los pilares del proceso de integración de Ucrania a la Unión Europea ha sido la implementación de políticas efectivas de transparencia y rendición de cuentas. Las agencias NABU y SAPO, creadas tras las protestas de 2014, fueron concebidas como estructuras independientes precisamente para responder a este requerimiento.
El tema ha generado inquietud en Bruselas, donde los encargados del proceso de expansión han señalado que cualquier reversión en temas relacionados con el Estado de derecho podría amenazar la aspiración de Ucrania a convertirse en miembro de pleno derecho. Funcionarios del bloque han subrayado que la autonomía judicial y la operación independiente de las entidades de supervisión son requisitos fundamentales para seguir adelante con las conversaciones.
Por su parte, organismos internacionales y socios clave de Ucrania también han manifestado su inquietud. Desde instituciones de control anticorrupción hasta entidades empresariales internacionales con intereses en el país, la crítica ha sido unánime: la nueva ley podría erosionar la confianza en el compromiso del Gobierno ucraniano con la lucha contra la corrupción.
Frustración entre los ciudadanos y el ejército
Más allá del ámbito político e institucional, la resolución ha resonado en sectores que han apoyado al país durante períodos de conflicto. Los militares en la línea de combate han mostrado su descontento al observar cómo se erosiona el compromiso de preservar la transparencia mientras ellos ponen en riesgo sus vidas por la nación. El mensaje es evidente: la corrupción desmoraliza y debilita la cohesión social en un momento donde la unidad nacional es esencial.
Para muchos ucranianos, las reformas anticorrupción no solo son una exigencia internacional, sino una necesidad histórica tras años de prácticas institucionales cuestionadas. El recuerdo de gobiernos anteriores marcados por escándalos de corrupción sigue presente, y cualquier intento de debilitar los controles existentes es percibido como un retroceso.
Zelensky y la carga de sus compromisos
Cuando Volodymyr Zelensky asumió el liderazgo en 2019, lo hizo con un enfoque en eliminar la corrupción y reforzar el Estado de derecho. Su imagen como alguien fuera del ámbito político convencional le permitió captar el descontento del público y crear un respaldo firme.
En los años iniciales de su gestión, su gobierno fue aplaudido por promover políticas nacionales en la lucha contra la corrupción y por destituir a altos cargos involucrados en escándalos. No obstante, la reforma legislativa actual ha suscitado preocupación y ha planteado interrogantes sobre la consistencia de su plan de gobierno.
Zelensky ha asegurado que las reformas intentarán solucionar cuestiones estructurales sin comprometer la eficiencia de las entidades involucradas. No obstante, estas afirmaciones no han sido suficientes para calmar el aumento del descontento social ni para persuadir a los socios internacionales.
Un punto decisivo para el porvenir institucional del país
El análisis en Ucrania sobre esta reforma destaca la vulnerabilidad de las instituciones en situaciones de guerra y crisis persistente. En tiempos de intensa presión política y militar, las resoluciones relacionadas con la estructura institucional cobran una importancia estratégica, dado que determinan el futuro del país no solo a corto término, sino también a largo plazo.
El desafío para el Gobierno será demostrar que sigue comprometido con los principios que lo llevaron al poder y que puede responder a las críticas con acciones concretas que fortalezcan —y no debiliten— las bases democráticas del Estado ucraniano. Las próximas semanas serán determinantes para saber si la presión social y diplomática logra revertir una decisión que ha encendido las alarmas dentro y fuera del país.
